Colombia, al igual que otros países de América Latina, atraviesan una acelerada transición demográfica, lo que se ve reflejado en un incremento del índice de envejecimiento y dependencia. Por ello, es urgente mejorar la calidad de vida de las mujeres, quienes serán en los próximos años la mayoría de población en nuestro país.

Las mujeres y las niñas colombianas estudian, se gradúan y superan la titulación en todos los niveles educativos, respecto a los hombres. Colombia cuenta con la generación de mujeres más educadas de toda su historia. Este logro no es casual: es el resultado de avances normativos que promueven su acceso a la educación. El reto ahora es que ese esfuerzo educativo se traduzca en oportunidades reales. Tener el título no debería ser el techo, sino el piso desde el cual construir una carrera, una vida y un futuro.

La violencia contra las mujeres y las niñas es evitable: puede prevenirse. Para lograrlo, es indispensable transformar las conductas que la sostienen, cuestionar las normas que la legitiman y eliminar las desigualdades estructurales que la hacen posible.

La firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP marcó un hito en los avances del país hacia la construcción de una paz estable y duradera, este es el primer acuerdo de paz del mundo que integra plenamente una perspectiva de género, con más de 100 compromisos con los derechos de las mujeres, constituyéndose en un referente internacional. Además, el país ha sido pionero en la identificación de riesgos para defensoras de derechos humanos y el establecimiento de planes de respuesta para su protección. De forma complementaria, el país ha fortalecido su apuesta por una paz sostenible mediante la implementación del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que reconoce el papel fundamental de las mujeres en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. Implementar estas medidas en los territorios será clave para la construcción de paz en Colombia.

En Colombia, las mujeres enfrentan niveles de pobreza más altos que los hombres y encabezan la mayoría de los hogares del país. Esto significa que su situación no solo las afecta a ellas: impacta a sus hijos e hijas, sus comunidades y la sociedad en su conjunto. Si Colombia quiere avanzar, se requieren medidas concretas que protejan y potencien a las mujeres en situaciones de pobreza.

Colombia desaprovecha una de sus mayores fortalezas: el talento de las mujeres, la generación de mujeres con más educación de la historia del país. Ellas representan un potencial económico enorme que sigue impidiéndoles vivir en plenitud sus derechos y garantizar su desarrollo personal, y que, además, sigue sin capitalizarse plenamente para la sociedad. Esto ocurre por barreras estructurales como la distribución inequitativa de las labores de cuidado, la informalidad laboral, entre otros aspectos. Integrar plenamente a las mujeres en la economía no es solo una cuestión de igualdad, sino una necesidad estratégica para el desarrollo del país.

Colombia ha dado pasos para que las mujeres en general, y quienes son cabeza de familia en particular, accedan a servicios bancarios y cuenten con herramientas financieras a su nombre. Sin embargo, muchas colombianas aún reportan ausencia de cuentas propias e ingresos insuficientes, por lo que es necesario garantizar el acceso a servicios financieros para las mujeres, especialmente en contextos rurales y urbanos populares.

En Colombia, los espacios de liderazgo empresarial continúan estando mayoritariamente ocupados por hombres en diversos subsectores económicos, aunque la participación de las mujeres ha venido consolidándose de manera progresiva. Sectores como el de la salud humana reflejan avances importantes, con una presencia femenina cada vez más relevante en los niveles de gestión, lo que evidencia oportunidades para seguir fortaleciendo su liderazgo.

La presencia creciente de mujeres en el sector del transporte y almacenamiento representa una oportunidad estratégica: diversificar el talento, incorporar nuevas perspectivas y fortalecer la productividad de un sector clave para la economía. Aprovechar ese potencial requiere condiciones que lo hagan posible, desde el diseño de los espacios hasta la cultura organizacional.

La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) de Colombia frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) reconoce que la crisis climática no es neutral para las mujeres y establece el compromiso de promover condiciones para que mujeres y organizaciones de mujeres accedan a recursos para la acción climática (adaptación, mitigación y soluciones basadas en la naturaleza).

En el sector minero-energético, las mujeres están presentes aunque no siempre visibles. En la minería de subsistencia y en las comunidades locales, su rol es central para el sostenimiento económico y social de los territorios. En la minería industrial, en cambio, su participación formal aún es limitada. Es urgente y necesario impulsar su participación plena.

Seis décadas después de conquistar el derecho al voto, las mujeres colombianas han ampliado su presencia en el Congreso, los concejos y las asambleas departamentales. Sin embargo, la paridad aún sigue siendo una deuda de Colombia con la participación de las mujeres en política, existen barreras para el financiamiento de su participación, retos de democratización de los partidos políticos y la violencia contra las mujeres en política es un fenómeno cada vez más presente.

Aún siendo la mitad de la población y estando preparadas, las voces de las  mujeres aún no llegan a espacios de toma de decisiones que permitan transformar sus realidades y las de toda la sociedad colombiana.

Las mujeres son la mitad de la población en el mundo entero y en Colombia y enfrentan condiciones que impiden la igualdad real y efectiva y el ejercicio pleno de sus derechos. Estas condiciones exigen a los Estados contar con una institucionalidad fortalecida para garantizar sus derechos y asegurar su plena incorporación al desarrollo, la democracia y la paz.